La matrícula escolar en Santa Cruz podría reducirse un 34,9% hacia 2030, una cifra que supera la media nacional y refleja una tendencia sostenida que atraviesa a la Argentina y a buena parte del mundo. Así lo señala un informe reciente analizado por Sol Alzú, coautora del estudio, quien advirtió que el sistema educativo no está adoptando medidas concretas frente a este escenario.

A nivel nacional, se proyecta una caída del 27% de la matrícula para 2023, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en las aulas. En el caso santacruceño, el impacto sería aún mayor, con consecuencias directas sobre la organización escolar, la estructura docente y la planificación a largo plazo.

Según explicó Alzú, la reducción de estudiantes implicará aulas más pequeñas y la posible desaparición de cargos docentes tal como están concebidos actualmente. Sin embargo, el informe propone que esos puestos no se pierdan, sino que puedan reasignarse a estrategias que permitan mejorar los indicadores educativos, como tutorías personalizadas, extensión de la jornada escolar y la implementación de parejas pedagógicas.

El diagnóstico también alcanza a los institutos de formación docente, donde se registra una baja del 5% en la cantidad de estudiantes. Aunque se están formando menos docentes, esta reducción no logra compensar la caída de la matrícula escolar. Además, se advierte una falta de planificación específica para áreas críticas, como matemáticas y ciencias exactas, donde la escasez de docentes ya es evidente.

Otro punto de preocupación es el margen de autonomía que introduce la reforma educativa en los planes de estudio, lo que, sin una planificación clara, podría profundizar desigualdades entre escuelas y regiones. En ese contexto, Alzú remarcó que la caída de la natalidad y de la matrícula no están siendo abordadas con políticas educativas integrales ni a nivel nacional ni provincial.

De cara a 2030, el informe plantea la necesidad de repensar el modelo educativo, anticiparse a los cambios demográficos y transformar la estructura del sistema para garantizar calidad, equidad y sostenibilidad, en un escenario donde habrá menos estudiantes pero mayores desafíos pedagógicos.

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